El proyecto LIFE Level(s) de la Comisión Europea está dirigido a reconocer el valor de los edificios sostenibles en Europa a través de una mayor conciencia y uso de los indicadores especificados dentro del Marco Level(s), un lenguaje común para que los actores de la cadena de valor aborden el desempeño ambiental del ciclo de vida de edificios. Con esto en mente, se ha desarrollado la ‘Guía de buenas prácticas de contratación pública ecológica‘ para contribuir a que las autoridades públicas lo implementen en su propio proyecto.
Level(s) es un marco voluntario de información para mejorar la sostenibilidad de los edificios. Utilizando las normas existentes, Level(s) proporciona un enfoque de la Unión Europea para la evaluación del comportamiento medioambiental en el entorno construido.
Este programa está estrechamente relacionado con los objetivos del Pacto Verde Europeo para el sector de la construcción sostenible, y con parte de las acciones descritas en el Plan de Acción de Economía Circular y la estrategia Ola de Renovación.
Contenido de la guía
La guía ofrece ejemplos de mejores prácticas de toda Europa que incorporan los indicadores del análisis del ciclo de vida (ACV), coste del ciclo de vida (CCV) y calidad del aire interior (CAI) en sus procesos de contratación pública.
El manual se divide en tres partes. En primer lugar, se presenta el Marco Level(s) para explicar en qué consiste esta metodología y cómo funciona. Además, se incluye una explicación de los tres indicadores con definiciones comunes para los términos ACV, CCV y CAI.
En segundo lugar, se muestran las políticas de contratación pública verde en cada país que están centradas en estos tres indicadores, así como diferentes ejemplos de mejores prácticas.
En tercer lugar, se ofrecen las conclusiones derivadas de estos ejemplos y los diferentes recursos elaborados por cada Green Building Council sobre la materia.
España prima la sostenibilidad en sus contratos públicos
Según un análisis elaborado por Green Building Council España (GBCe), España ya prima el criterio de la sostenibilidad sobre el economicista en la contratación pública en materia de edificación.
En este sentido, destacan iniciativas como las de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco (IHOBE), que ha puesto en marcha políticas de economía circular y valorización de residuos; el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), con la introducción de materiales naturales y locales como la piedra de marés o la posidonia, o la Generalitat de Cataluña y de Valencia, con la introducción de pliegos ambientales y transformación organizacional, poniendo como eje la sostenibilidad.
También la Agencia Metropolitana de Barcelona (AMB), con la introducción en sus contrataciones de una mayor valoración de las cuestiones ambientales; la Junta de Andalucía, con intervenciones bioclimáticas en centros educativos, y el Observatorio Nacional de Compra Pública (ObCP), apoyado por las universidades de Zaragoza y Alcalá de Henares.
Cabe resaltar las exigencias de certificaciones de sostenibilidad en sus edificios por parte de las empresas públicas Sepides y Siepse, o la gestión del parque edificado bajo criterios de sostenibilidad de los ayuntamientos de Gijón, Sevilla, Valladolid, Vitoria, Zaragoza, Barcelona o Madrid.
“Lo importante ahora es que la Administración pública, que dedica el 20% de sus presupuestos a la contratación, vaya más allá a la hora de exigir requisitos sociales y medioambientales en sus contratos”, afirma Borja Izaola, experto del Área Técnica de GBCe y coordinador del proyecto europeo LIFE Level(s), que acaba de presentar el Manual de buenas prácticas de contratación pública ecológica.
En un contexto como el actual, marcado por los fondos Next Generation, los contratos públicos sirven para alcanzar objetivos económicos, sociales y medioambientales, permitiendo movilizar las inversiones hacia proyectos ecológicos y sostenibles a nivel social. Esta visión cualitativa ya está contenida en la Ley de Contratación del Sector Público (2017) o en la normativa reguladora de los fondos europeos Next Generation, donde se exige cumplir con la legislación comunitaria de medio ambiente y de política social.