Con la finalidad de impulsar la rehabilitación energética de viviendas y la mejora de entornos urbanos, la Junta de Extremadura ha presentado subvenciones por valor de 6,4 millones de euros dirigidas a municipios con menos de 50.000 habitantes. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la convocatoria del programa de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), conocido como el programa Barrios. El plazo está abierto hasta el 31 de diciembre de 2023.
El programa financiará la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial y de urbanización o reurbanización de espacios públicos, previamente delimitados por los municipios. Se pretende así impulsar la rehabilitación de edificios de viviendas y barrios con actuaciones que mejoren la eficiencia energética del parque edificatorio extremeño, los entornos urbanos, la movilidad y la accesibilidad universal.
El objetivo es mejorar la calidad de vida y el confort de las personas residentes y aumentar la calidad del parque edificado y del entorno. Además, esta actuación está en consonancia con los compromisos de sostenibilidad y de reducción de la huella de carbono en el sector de la construcción y con una apuesta por la descarbonización del parque edificado para favorecer la reducción del consumo de energía final y de las emisiones de dióxido de carbono, a través del aumento de la eficiencia energética que va ligado a un ahorro energético.
Ayudas de hasta 26.750 euros por vivienda
La zona de actuación será, preferiblemente, el casco urbano consolidado, en los ámbitos denominados como centro histórico o tradicional con el objetivo de recuperar las viviendas en los cascos urbanos de los municipios. Dentro de ese ámbito de actuación se podrán realizar actuaciones de rehabilitación energética en edificios de viviendas privadas con una ayuda de hasta 21.400 euros por vivienda, que puede llegar hasta los 26.750 euros por vivienda cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad económica en la unidad de convivencia. Además, la Junta de Extremadura ha incluido una bonificación a familias monoparentales y numerosas de entre un 10% y un 20% dependiendo del número de menores a su cargo.
Por otro lado, se financiará una actuación en el entorno que puede ser una mejora de la accesibilidad, adecuación de un parque, mejora de la movilidad, plataforma única o adecuación del entorno. Dentro del mismo programa, se recoge la posibilidad de que los ayuntamientos cuenten con subvención para implementar las oficinas de rehabilitación ligadas directamente a las actuaciones que planteen ejecutar desde los mismos.
La solicitud se realizará de forma telemática mediante sede electrónica de la Administración de la Junta de Extremadura.
Rehabilitación energética en 600 viviendas
En paralelo a esta convocatoria, se asignan convenios de forma directa con Badajoz, Cáceres y Mérida. En estas tres ciudades los entornos de actuación serán los planes especiales y contarán con una financiación establecida en función del número de viviendas. Badajoz, Cáceres y Mérida recibirán 3.561.814 euros dentro de este programa, que en total cuenta con una partida de 10 millones para Extremadura, con los que se estima que se puedan realizar obras de rehabilitación energética en 600 viviendas.
Como complemento cabe destacar las oficinas de rehabilitación, que permitan, mediante un modelo de llave en mano, hacer un seguimiento completo tanto de la difusión del programa, como del acompañamiento a la ciudadanía en todo el proceso para agilizar así la tramitación y ofrecer asesoramiento. Además, se potencia la figura del gestor de la rehabilitación como vehículo de presentación de las solicitudes.
Esta convocatoria se suma a otras ya publicadas destinadas a impulsar la rehabilitación energética en viviendas privadas para las que hay convocados tres programas de ayudas por un importe de 11,1 millones de euros. Las ayudas se pueden solicitar hasta el 31 de agosto de 2023 y financian hasta el 100% del coste de la actuación cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad económica en alguna de las personas propietarias o usufructuarias de las viviendas incluidas en el edificio objeto de la rehabilitación.