La Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña destinará 97 millones de euros para mejorar los barrios de 38 municipios catalanes. El nuevo programa de barrios estará financiado con fondos Next Generation y permitirá rehabilitar con criterios de eficiencia energética 7.944 viviendas en 100 barrios. Además, podrán llevarse a cabo obras para mejorar la accesibilidad, como la instalación de ascensores, o la degradación física del edificio.
Un total de 31 ayuntamientos han propuesto unas subvenciones complementarias por la rehabilitación que, en conjunto, suponen 8,85 millones más por la rehabilitación. Hay que tener en cuenta que en esta actuación queda excluida el Área Metropolitana de Barcelona que se regula por otras convocatorias.
Actuaciones subvencionables
La financiación permitirá subvencionar las actuaciones de rehabilitación de edificios (siempre que se reduzca el consumo de energía no renovable y también la demanda en calefacción y refrigeración); actuaciones de urbanización, reurbanización o mejora del entorno físico, como la instalación de ascensores, instalaciones de saneamiento o zonas verdes y zonas comunitarias; y la creación de oficinas de rehabilitación en los propios barrios para facilitar la gestión de las actuaciones programadas.
El porcentaje subvencionable de la inversión va directamente relacionado con la mejora del ahorro energético. Así, cuando la reducción del consumo sea igual o superior al 30% se otorgará un 40% de subvención (con un máximo de 8.100 euros/vivienda); cuando la reducción del consumo sea igual o superior al 45% se otorgará el 65% de subvención (un máximo de 14.500 euros/vivienda); y cuando la reducción del consumo sea igual o superior al 60% se otorgará un 80% de subvención (un máximo de 21.400 euros/vivienda).
Cabe resaltar que se prevé que haya subvenciones de hasta el 100% en casos de personas vulnerables.
En unos meses, la Agencia de la Vivienda de Cataluña iniciará la segunda fase del programa con la publicación de una convocatoria de subvenciones dirigida a los ayuntamientos y a las comunidades de propietarios de los barrios seleccionados para que puedan presentar los proyectos de actuaciones y obras concretas.