El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y el Ministerio de Defensa han firmado un protocolo para impulsar la construcción de más de 800 viviendas en alquiler social o asequible en los terrenos del Cuartel de Son Busquets, en Palma de Mallorca. Fruto de este acuerdo, la zona se convertirá en un barrio sostenible con un parque de viviendas autosuficiente en materia energética y libre de tráfico.
Mediante la suscripción de este acuerdo, el Ministerio de Defensa, a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), propietario de los terrenos, formaliza su traspaso en favor de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), adscrito a Mitma. Este organismo ultimará el desarrollo del planeamiento y urbanizará el suelo hasta la puesta a disposición de los solares para la edificación de las más de 800 viviendas asequibles y resto de edificaciones a construir.
La firma de este protocolo representa una gran oportunidad para materializar el compromiso de las administraciones españolas con un diseño urbano moderno y social en un contexto de sostenibilidad, economía circular y eficiencia energética con uso eficiente del agua, soluciones innovadoras, así como el fomento de las nuevas y más eficientes formas de movilidad.
Acceso a vivienda pública protegida y zonas verdes
Los terrenos pertenecientes al antiguo Cuartel de Artillería, situado en la mallorquina Avenida de Valdemosa, cuentan con una superficie aproximada de 110.000 m2, en la que existen antiguas construcciones militares. El 50% del suelo liberado posibilitará el acceso a vivienda pública protegida y el otro 50% se destinará al uso dotacional y zonas verdes, lo que promoverá un desarrollo sostenible de la ciudad.
El objetivo de la iniciativa es incrementar el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales para personas o unidades de convivencia con ingresos limitados en los referidos ámbitos. En concreto, se pretende poner en el mercado hasta 100.000 viviendas en el territorio nacional en el menor plazo posible con la colaboración de SEPES y las entidades locales, así como con el Fondo Social de Viviendas mediante la concertación con las entidades financieras, la SAREB y los agentes privados para incorporar sus inmuebles al patrimonio público de vivienda asequible.