La nueva Ley de Economía Circular de Andalucía inicia su tramitación parlamentaria

Luz verde a la tramitación de la nueva Ley de Economía Circular en el Parlamento de Andalucía

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a la tramitación del proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA), con la que se pretende apostar por la sostenibilidad medioambiental como una gran oportunidad para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo mediante la optimización de los recursos. Se trata de una ley que recoge medidas para implementar estrategias locales en materia de residuos.

La Ley de Economía Circular de Andalucía recoge medidas para implementar estrategias locales en materia de residuos con el objetivo de compatibilizar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente.

Durante el proceso de tramitación se recibieron un total de 777 aportaciones, de las que se han incorporado al texto casi el 40%. Asimismo, para su desarrollo se ha tomado como referencia las directrices que la Comisión Europea ha marcado, por lo que está alineado con el Pacto Verde Europeo en el horizonte 2030 y se enmarca en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que promueve la ONU.

Biorresiduos y su valorización energética

El texto se estructura en una exposición de motivos, un total de 87 artículos divididos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Además, introduce referencias directas a la normativa nacional en materia de residuos tras la aprobación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

El proyecto incluye varios capítulos importantes. Por un lado, uno que se dedica a la gestión de la basura marina, una parte muy importante en el marco de la economía azul, puesto que los puertos y los pescadores gestionan una gran cantidad de residuos y es necesario ofrecer un marco normativo que favorezca esta recogida de basura marina y el posterior tratamiento de los mismos.

Por otro lado, un capítulo específico sobre los biorresiduos ya que, en el marco del contexto geopolítico actual de dependencia energética, se podría avanzar en autosuficiencia energética para obtener biocombustible como alternativa a los combustibles fósiles mediante el uso de biorresiduos.

Creación de nuevas empresas

El objetivo del Gobierno andaluz es que este modelo de economía dote de un marco legal a empresas e instituciones para logar una Andalucía más sostenible; alargar la vida útil de los productos para producir menos residuos; así como optimizar los procesos productivos de las empresas, permitiendo que se reutilicen las materias primas.

Para alcanzar este objetivo, la Administración autonómica quiere contar con las empresas como eje vertebrador de este cambio de modelo productivo; con las entidades locales para que los ayuntamientos tengan las herramientas necesarias para convertir el residuo en oportunidad; y con la sociedad como motor de cambio para que el modelo circular sea una realidad.

Oficina Andaluza de Economía Circular

El Título III del texto incorpora una medida para favorecer la implantación de proyectos empresariales de economía circular que podrán ser declarados de interés estratégico por el Decreto 4/2019. Además, estos proyectos, que se gestionarán a través de la Oficina Andaluza de Economía Circular, contarán con una tramitación prioritaria y se beneficiarán de una reducción de los requisitos exigidos.

Por otro lado, este proyecto de ley recoge un Registro Público Andaluz Voluntario que se pondrá a disposición de cualquiera quien quiera consultar el ciclo de vida de cada proceso de economía circular e incorpora el Centro de Innovación Digital como un espacio para que instituciones públicas y empresas den impulso a la investigación, innovación y a las prácticas de economía circular en el sector privado.

La Junta de Andalucía destinará en 2023 casi 43 millones de euros a la economía circular y a la gestión de residuos. En concreto, ha detallado que casi 24 millones están consignados para la implantación del contenedor marrón y la mejora de instalaciones de tratamientos de residuos, a través de subvenciones para las entidades locales. Y otros 18 millones, para nuevas infraestructuras como la construcción de puntos limpios y sellados de vertederos.

 
 
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