El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha presentado al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para la modificación del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, con la finalidad de reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la Planificación Territorial y Urbanística. El objetivo es que el nuevo texto entre en vigor antes de finalizar 2023.
Tras el visto bueno en primera lectura, se abrirá el trámite de audiencia e información pública, además del proceso de participación de las comunidades y ciudades autónomas, así como de la Administración local, a través de los informes correspondientes. Con esta tramitación, se trata de garantizar el mayor consenso posible en torno al anteproyecto antes de su envío a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
Simplificar y agilizar los procesos urbanísticos
La reforma articula mecanismos para garantizar la operatividad real de la función pública a la hora de organizar y definir el uso del territorio y el suelo de acuerdo con el interés general.
Con este anteproyecto se garantiza la seguridad jurídica, y a la vez se posibilita la subsanación de defectos formales de estas revisiones urbanísticas, trabajadas, en muchos casos, en periodos de hasta 10 años, facilitando a los ayuntamientos afrontar una modificación de un planeamiento al reducirse el riesgo de que se declare nulo por un defecto de forma subsanable.
Por otro lado, se protegerá la nueva visión de la preservación del medio ambiente fruto de los compromisos internacionales.
Promover actuaciones de rehabilitación y construcción de vivienda
La reforma ayuda también a agilizar los procedimientos para que, por ejemplo, las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de construcción de vivienda social en alquiler sigan avanzando para regenerar las ciudades, facilitar el acceso a la vivienda o mejorar los entornos rurales, ayudando, así, a seguir cumpliendo los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Por ello, se introducen modificaciones que conseguirán mayor simplificación burocrática y mejoras en la tramitación de las autorizaciones de obras de rehabilitación que tienen que impulsar las comunidades y ciudades autónomas y los ayuntamientos. De esta forma se eliminan trabas y cuellos de botella para ayudar a reducir los tiempos de espera para obtener dichas autorizaciones.
Por último, se trata de una reforma alineada con la Agenda Urbana Española, cuyo objetivo específico 10.1 contempla la mejora de la gobernanza y de los instrumentos de intervención para lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, riguroso y simplificado.