El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha firmado varios acuerdos con la Generalitat Valenciana y ayuntamientos de la región para impulsar la rehabilitación de un total de 7.158 viviendas en 23 municipios. Estas actuaciones cuentan con una inversión total de más de 186,1 millones de euros, de los que Mitma aportará más de 135,1 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
En concreto, se han firmado un total de 26 acuerdos con 23 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, cinco de ellos con municipios de la provincia de Castellón; doce de la provincia de Valencia; y nueve de la provincia de Alicante.
De las más de 7.100 viviendas afectadas por esta rehabilitación, 196 son de titularidad pública y 6.962 de titularidad privada, y se ubican en 31 entornos residenciales de 23 municipios de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante.
Acuerdos con distintos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana
Para todas las actuaciones, la Generalitat Valenciana publicó la Resolución de 8 de abril de 2022, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021-2026.
Así, se procede a su convocatoria para el año 2022 concediendo, mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, las ayudas del mencionado programa a los ayuntamientos de Almassora, Castelló de la Plana, Morella, La Val d`Uixó (Castellón); Alberic, Burjassot, L´Ènova, Gandía, Mislata, Oliva, Picanya, Picassent, Rafelbunyol, Sagunto y Valencia; Alcoy, Alicante, Altea, Aspe, Elche, Petrer, Sant Joan d´Alacant y Torrevieja (Alicante) para el desarrollo de los mencionados entornos residenciales.
Estos ayuntamientos actúan como entidades gestoras de la subvención y en calidad de beneficiarios: se encargan tanto de proponer el ámbito de los entornos de rehabilitación como de la elección de los edificios sobre los que se van a realizar las intervenciones dentro de dichos entornos.
Asimismo, los consistorios harán de gestor público de rehabilitación y prestarán los servicios de oficina de rehabilitación, cuyo alcance será el de facilitar la gestión y el desarrollo de las actuaciones programadas, informar y asesorar a las comunidades de propietarios, así como gestionar los expedientes de cada uno de los edificios que se van a rehabilitar, entre otros cometidos. Finalmente, las mencionadas entidades locales asumen las obras de regeneración urbana.