El Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado el proyecto de la Ley de Barrios que tiene como finalidad contribuir a la rehabilitación, regeneración y revitalización de los entornos urbanos más degradados de la comunidad autónoma. Además, regula la intervención en edificios por baja calidad constructiva a partir de 1950 o la desaparición de la segregación residencial. La norma tendrá vigencia indefinida hasta que la derogue otra norma posterior sobre la materia.
Anteriormente a la aprobación de esta ley, la Comunidad Valenciana carecía de un régimen jurídico adecuado para gestionar procesos de rehabilitación, regeneración y revitalización urbana que vayan más allá de los aspectos meramente urbanísticos y recoja una visión integral de todos los ámbitos de la vida.
Por eso, este proyecto de la Ley de Barrios servirá para establecer un marco regulador común que garantice el derecho de todas las personas a disfrutar de un entorno seguro, sostenible, inclusivo y accesible universalmente, que favorezca el progreso personal, la cohesión social y de género y la identidad cultural.
Tres objetivos principales
La nueva normativa valenciana recoge tres principales objetivos. El primero es emprender actuaciones de atención y mejora de las condiciones de vida de la población que reside en los barrios, con especial atención a los colectivos más vulnerables, como hogares monoparentales, personas mayores, jóvenes desempleados, población migrante, etc.
Otro de los propósitos es hacer frente a los déficits en materia urbanística, en la prestación de los servicios, la calidad de la vivienda y la falta de equipamientos, que afectan con mayor intensidad a algunos barrios de las ciudades, con los consiguientes efectos sobre las dinámicas de segregación residencial y desigualdad social.
La tercera de las metas es fortalecer la vida asociativa y las iniciativas cívicas en los barrios, con el fin de apoderar a la población y fomentar su implicación en los proyectos de mejora de las dotaciones y de las condiciones de vida de la ciudadanía.
Rehabilitación, regeneración y revitalización urbanas
La normativa presta especial atención a los casos en que concurren procesos de abandono, obsolescencia o degradación del patrimonio edificado y del tejido urbano, o con amplios sectores de la población en riesgo de exclusión por razón de desempleo, insuficiencia de ingresos, género, etnicidad, edad, discapacidad u otros factores de vulnerabilidad social.
Cabe recordar que en la Comunidad Valenciana existen zonas suburbanas que viven profundas contradicciones sociales debido al modelo dominante de desarrollo urbano y una inadecuada planificación en los respectivos asentamientos. Por eso, reciben las consecuencias de la sobreocupación, los síntomas de la desagregación, la marginación y las disfunciones del desarrollo.
En el mismo sentido, la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha evidenciado la ineficacia de las ciudades para hacer frente a los problemas existentes en la actualidad.
En cuanto a la financiación, las actuaciones previstas en la ley se subvencionarán con arreglo a lo que se refiere en la memoria económica y la ficha de impacto presupuestario. El importe total previsto para los ejercicios 2023 y 2024 será de 300.000 euros para cada uno de esos años.