En su sesión plenaria del 13 de marzo, la Eurocámara ha respaldado la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD). El objetivo es acelerar las tasas de rehabilitación de edificios, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el consumo de energía en el sector de la construcción de la Unión Europea para 2030 y alcanzar la neutralidad climática para 2050. Además, pretende aumentar la tasa de rehabilitación de edificios energéticamente ineficientes y mejorar la información sobre el rendimiento energético.
El 15 de diciembre de 2021, la Comisión Europea presentó una propuesta de revisión de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), como parte del paquete ‘Fit for 55’. Este último consta de varias propuestas legislativas para cumplir el nuevo objetivo de la UE de una reducción mínima del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030 en comparación con 1990. Se trata de una parte central del Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es descarbonizar el parque de edificios de la Unión Europea para 2050.
El Parlamento Europeo entablará ahora negociaciones con el Consejo Europeo para acordar la forma definitiva del proyecto de ley.
Edificios nuevos cero emisiones en 2028
El Parlamento Europeo apoya que todos los edificios nuevos deberán ser de cero emisiones a partir de 2028, y los edificios nuevos ocupados, operados o propiedad de las autoridades públicas, a partir de 2026. A más tardar en 2028, todos los edificios nuevos deberán estar equipados con tecnología solar cuando sea factible desde el punto de vista técnico y económico (en el caso de los edificios residenciales en los que se hagan reformas de consideración el plazo se alargará hasta 2032).
Los monumentos quedarán excluidos de las nuevas normas, mientras que los países de la UE pueden decidir excluir también los edificios protegidos por su especial valor arquitectónico o histórico, los edificios técnicos, el uso temporal de edificios o iglesias y los lugares de culto.
Los Estados miembros también pueden eximir las viviendas sociales públicas, donde las rehabilitaciones darían lugar a aumentos de alquiler que no pueden compensarse con ahorros en las facturas de energía.
Los edificios residenciales deberán alcanzar al menos la clase de eficiencia energética E para 2030 y D para 2033. Los edificios públicos y no residenciales tendrán que alcanzar las mismas clases para 2027 y 2030 respectivamente. Por su parte, la mejora de la eficiencia energética (obras de aislamiento o mejoras en el sistema de calefacción) se realizaría al vender un edificio o acometer importantes obras de rehabilitación, o, en caso de estar alquilado, a la firma de un nuevo contrato.
Medidas contra la pobreza energética
Los planes nacionales de rehabilitación deberán incluir sistemas de apoyo para facilitar el acceso a las subvenciones y la financiación. Los Estados miembros deberán instaurar puntos de información gratuita y programas de rehabilitación que no conlleven costes. Las medidas financieras deberán prever una prima importante para las rehabilitaciones de gran calado (especialmente para los edificios con peor rendimiento energético) y deberán incluir también subvenciones y financiación específicas para los hogares vulnerables.
Los eurodiputados también quieren que los Estados miembros puedan ajustar los nuevos objetivos a una proporción limitada de edificios en función de la viabilidad económica y técnica de las rehabilitaciones y de la existencia de mano de obra cualificada.