El Gobierno de Asturias ha aprobado un gasto de 14,5 millones de euros para la convocatoria de ayudas a la rehabilitación energética de edificios residenciales y viviendas unifamiliares. Estas subvenciones financiarán obras que mejoren la eficiencia energética, con especial atención a las fachadas y cubiertas, en unas 1.500 viviendas.
Estas ayudas, impulsadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en colaboración con las comunidades autónomas, constituyen uno de los cinco pilares del Programa para la recuperación económica y social en entornos residenciales, previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Por otro lado, está previsto que el Gobierno de España transfiera al Principado de Asturias en el cuarto trimestre de este año otros 17,5 millones de euros para rehabilitación energética que se podrán sumar a esta convocatoria, dado que se espera una alta demanda de solicitudes.
Reducción del 30% del consumo de energía
Los proyectos que se presenten deben garantizar una reducción del 30% del consumo de energía primaria no renovable, así como una rebaja de la demanda anual de calefacción y refrigeración. Esta disminución, que ha de alcanzar el 25% en la mayoría de los concejos, se eleva al 35% en los incluidos en las zonas climáticas D y E (Allande, Aller, Cabrales, Degaña, Grandas de Salime, Ponga, Quirós, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Somiedo, Teverga, Tineo, Villanueva de Oscos y Yernes y Tameza).
Las ayudas, que se concederán por riguroso orden de presentación, cubrirán entre el 40% y el 80% de los costes, en función del ahorro de consumo que se consiga. Las cuantías máximas oscilan entre los 6.300 y los 18.800 euros por vivienda.
Los edificios han de cumplir dos condiciones: al menos el 50% de la superficie construida sobre rasante debe tener uso residencial y las actuaciones previstas tienen que contar con el acuerdo de la comunidad de propietarios.
Beneficiarios de estas subvenciones
Las subvenciones pueden solicitarlas, entre otros, propietarios o usufructuarios de viviendas, bien sean personas físicas o jurídicas; empresas y organismos públicos, comunidades de propietarios y cooperativas, así como los arrendatarios que hayan pactado con los propietarios costear las obras a cambio del pago de la renta.
Los solicitantes tienen que contar con un proyecto que precise el ahorro estimado de energía primaria no renovable, la inversión subvencionable y la cuantía de la ayuda que se pide. También debe incorporar un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, con el fin de promover la economía circular.
Por último, cabe resaltar que esta iniciativa movilizará una inversión superior a los 40 millones y generará cerca de 800 puestos de trabajo entre este año y el próximo.