Castilla y León impulsa la gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición

La Junta de Castilla y León ha aprobado el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León

Con motivo del décimo aniversario de la constitución de la Asociación de Gestores de Reciclaje de Construcción y Demolición de Castilla y León (Agerdcyl), la Junta de Castilla y León ha inaugurado una jornada sobre la aprobación del Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición (RCD) en la comunidad autónoma.

La Junta de Castilla y León promueve la correcta gestión de residuos y el uso de áridos reciclados en la obra pública como modelo de economía circular.

Los áridos reciclados obtenidos del tratamiento de RCD se emplean como sustitutos de áridos naturales en el sector de la construcción. Sin embargo, existe un desequilibrio entre la cantidad de áridos reciclados generados y su utilización en obra, por lo que son necesarias herramientas como el recientemente aprobado Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León, para dar un impulso a su empleo en sustitución de materias primas vírgenes.

La norma tiene como objetivo fomentar la valorización de estos residuos por encima del 80%, pero también el uso posterior de este material como materia prima secundaria, impulsando la economía circular en este sector en condiciones ambientalmente adecuadas.

En Castilla y León se producen un millón y medio de toneladas de residuos, gestionados por las 91 empresas que actúan como gestores de RCD en la Comunidad, las cuales tienen una amplia capacidad para tratarlo.

Decreto 5/2023, de 4 de mayo

El decreto tiene por objeto establecer en la comunidad autónoma, dentro del marco de una economía circular, medidas para lograr una producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición. Se pretende fomentar el uso eficiente de los recursos en el sector de la construcción.

La principal aportación de este texto a la economía circular se basa en que establece la obligación de utilizar áridos reciclados procedentes de plantas autorizadas de reciclaje en las obras públicas de la Administración de la Comunidad. Se establecen para ello unos porcentajes de uso de áridos reciclados sobre la cantidad total de áridos cuya utilización esté prevista en cada obra.

Estos porcentajes fluctúan entre un 10% en obras de urbanización, conducciones, obras asociadas al desarrollo de redes de telecomunicación o redes de abastecimiento y saneamiento o construcción de carreteras y un 2% en obras nuevas de edificación. Con esta medida se prevé dar un importante impulso al uso de materias primas secundarias de calidad procedentes del sector del reciclaje de residuos de construcción y demolición.

El decreto entró de forma general en vigor el 28 de mayo de 2023. Sin embargo, se ha establecido un plazo transitorio de un año, de forma que las obligaciones de uso de árido reciclado no entran en vigor para los proyectos que se aprueben con anterioridad a la citada fecha. En relación con las fianzas de las instalaciones existentes, también se da un plazo de un año para que se hagan efectivas.

Actuaciones para la mejora de la gestión de los RCD

La Junta de Castilla y León está llevando a cabo un ambicioso proyecto de sellado de escombreras de titularidad municipal que se encuentran diseminadas por el territorio de Castilla y León. Estas actuaciones se enmarcan en convenios de colaboración provinciales con las nueve diputaciones.

Estos acuerdos se formalizaron para acometer el desarrollo de un programa integrado por las siguientes actuaciones: recuperación ambiental de zonas degradadas por el depósito ilegal de escombros; acciones orientadas a evitar la aparición de nuevos depósitos ilegales de residuos de construcción y demolición; actuaciones de educación ambiental, sensibilización y difusión de la información orientadas a la prevención y correcta gestión de RCD; e implantación de áreas de aportación de RCD de obra menor.

Para la gestión de estos RCDs domésticos (aquellos procedentes de obras menores en el ámbito domiciliario), cuya competencia es municipal, se ha establecido una red de zonas de aportación o recogida de RCD que dan servicio al ciudadano. Desde estas zonas, se envían los residuos a las distintas plantas de tratamiento existentes en la Comunidad. Para optimizar la recogida y tratamiento de RCD de origen domiciliario, las diputaciones están organizando sistemas de recogida coordinados por áreas.

 
 
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