El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha firmado un acuerdo con la Generalitat de Cataluña para financiar la rehabilitación de hasta 919 viviendas públicas ubicadas en 13 entornos residenciales de ocho ciudades de las provincias de Barcelona, Tarragona y Lleida. El presupuesto asciende a 22,63 millones de euros, de los que Mitma aportará el 60% de la financiación (13,5 millones de euros), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el resto (40%) provendrá de la propia Generalitat.
Estos acuerdos forman parte del Programa de ayuda para la rehabilitación de entornos residenciales a nivel de barrio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contempla la transferencia de hasta 2.970 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas para financiar intervenciones en viviendas, edificios residenciales y barrios.
Con estos acuerdos, Mitma busca promover la rehabilitación de viviendas, mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la calidad habitacional, y contribuir a la revitalización de las áreas urbanas y al bienestar de los ciudadanos.
Rehabilitación de 919 viviendas públicas
Las 919 viviendas públicas a rehabilitar se encuentran en las ciudades de Barcelona, Sant Quirze del Vallés y Terrasa (Barcelona), Lleida, Tarragona, Mora d’Ebre, Reus y Vila-Seca (Tarragona). En concreto, en la provincia de Barcelona se actuará en 438; en la provincia de Lleida se rehabilitarán 23 viviendas; y en la provincia de Tarragona se intervendrá en 458 viviendas.
Para financiar estas actuaciones de rehabilitación y regeneración de los entornos residenciales, la Generalitat de Cataluña concederá los fondos europeos recibidos de Mitma a la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) y al Instituto del Suelo de Cataluña (Incasòl) de forma directa, toda vez que se acreditan razones de interés social que dificultan su convocatoria pública.
Asimismo, la Administración catalana, por medio de la AHC, asume la responsabilidad de la ejecución integral de los entornos en calidad de gestor de las actuaciones; de esta manera, se facilitará la gestión y el desarrollo de las obras de rehabilitación de los inmuebles.
Por último, tanto la comunidad autónoma como la AHC promoverán la creación de una oficina de rehabilitación, sin perjuicio de que otro actor pudiera prestar estos servicios con arreglo a lo estipulado en el Real Decreto 853/2021.