El nuevo Reglamento sobre traslados de residuos, que entró en vigor el pasado 20 de mayo, establece normas más estrictas sobre la exportación de residuos a países no pertenecientes a la Unión Europea. En concreto, aumentará la trazabilidad y facilitará los envíos de residuos para su reciclaje tanto en la UE como fuera de ella. Además, apoyará la economía circular y garantizará que los residuos exportados desde la UE se traten de forma ambientalmente sostenible.
![Entra en vigor el nuevo Reglamento sobre traslados de residuos](https://static.construible.es/media/2024/05/Vigor-Reglamento-residuos-reciclaje-Union-Europea.png)
Las exportaciones de residuos de la UE a países no pertenecientes a la UE han aumentado un 72% desde 2004, ascendiendo a 35 millones de toneladas por año en 2023. El 49% de los residuos exportados desde la UE se destinan a países no pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Prevenir la degradación ambiental y la contaminación
Según el nuevo Reglamento, las exportaciones de residuos de la UE a países no pertenecientes a la OCDE solo se permitirán si estos países informan a la Comisión Europea que están dispuestos a importar residuos y demuestran que tienen la capacidad de gestionarlos de forma sostenible. Estos nuevos requisitos se aplicarán a partir del 21 de mayo de 2027.
Además, considerando los problemas globales relacionados con las crecientes cantidades de residuos plásticos y los desafíos del tratamiento, la exportación de residuos plásticos a países no pertenecientes a la OCDE estará prohibida a partir del 21 de noviembre de 2026 por un período de 2,5 años, después del cual esos países podrán comenzar a recibir residuos plásticos sujetos a las estrictas normas del reglamento.
La Comisión Europea también supervisará las exportaciones de residuos a los países de la OCDE y tomará medidas si dichas exportaciones crean problemas medioambientales en el país de destino.
Por otro lado, todas las empresas de la UE que exporten residuos fuera de la UE tendrán que garantizar que las instalaciones que reciben sus residuos estén sujetas a una auditoría independiente que demuestre que dichas instalaciones gestionan estos residuos de manera ambientalmente racional. Con esta medida, la UE pretende prevenir la degradación ambiental y la contaminación en países no pertenecientes a la UE causada por los residuos plásticos generados en la UE.
Envío y reciclaje de residuos más sencillos dentro de la UE
El nuevo Reglamento también establece procedimientos digitalizados modernos para facilitar y realizar un mejor seguimiento de los envíos de residuos dentro de la UE. Esto debería facilitar el envío de residuos para su reciclaje dentro de la UE. La circulación de residuos para su reciclaje y preparación para su reutilización entre los Estados miembros es clave para la transición de la UE hacia una economía circular y la seguridad del suministro de materias primas.
Según el nuevo Reglamento, los procedimientos para el envío de residuos serán digitales a partir del 21 de mayo de 2026. Los procedimientos rápidos para determinadas instalaciones elegibles designadas por los Estados miembros (instalaciones con consentimiento previo) también se harán más fáciles y eficientes. Además, habrá requisitos para mejorar la transparencia de los envíos de residuos dentro de la UE. Esto fomentará que los residuos vuelvan a entrar en la economía circular en toda la UE, sin reducir el nivel necesario de control para dichos envíos.
Luchar contra el tráfico de residuos
El nuevo Reglamento también prevé una mayor aplicación y cooperación en la lucha contra el tráfico de residuos. La nueva ley complementará la nueva Directiva sobre delitos medioambientales, que también entró en vigor el 20 de mayo de 2024. El tráfico de residuos es uno de los delitos medioambientales más graves de la actualidad. Daña el medio ambiente y, a menudo vinculado al crimen organizado, también perjudica a las empresas legítimas.
Para intensificar la respuesta de la UE contra el tráfico de residuos, el nuevo Reglamento facilita una cooperación más estrecha entre los Estados miembros de la UE y proporciona sanciones más disuasorias contra los delincuentes implicados en el comercio ilícito de residuos. La Comisión Europea podrá actuar sobre el terreno para apoyar las investigaciones de los Estados miembros sobre delitos transnacionales relacionados con el tráfico de residuos, con la participación directa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).