A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que obligará a un conjunto de empresas y a todas las instituciones de la Administración General del Estado (AGE) a calcular su huella de carbono y a elaborar y publicar planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Esta nueva normativa amplía el alcance del registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2, gestionado por el Miteco desde 2014. Hasta ahora, este registro ha permitido contabilizar los esfuerzos de diversas organizaciones españolas en la lucha contra el cambio climático. Desde su creación, se han inscrito 14.250 huellas de carbono, se han repoblado 23.348 hectáreas y se han reconocido compensaciones correspondientes a 154.406 toneladas de CO2 equivalente.
Cálculo y registro de la huella de carbono
El registro recoge los esfuerzos de las organizaciones españolas en el cálculo y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera su actividad. A su vez, les facilita la posibilidad de compensar toda o parte de su huella de carbono, mediante una serie de proyectos forestales ubicados en territorio nacional. Estos proyectos integran numerosos beneficios ambientales y sociales, entre los que se encuentra la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera.
El Real Decreto afectará a dos grupos principales. Por un lado, las empresas ya obligadas a presentar información no financiera y de diversidad, incluyendo aquellas con cuentas consolidadas y las sociedades de capital cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500 y tengan la consideración de entidades de interés público o bien, cumplan la condición para ser considerada gran empresa.
Por otro lado, la Administración General del Estado, incluyendo ministerios, organismos autónomos, así como las entidades gestoras de la seguridad social y otras entidades del sector público administrativo estatal deberán calcular de manera anual la huella de carbono de su organización según los requisitos establecidos en este Real Decreto.