El Parlamento Europeo ha aprobado posponer las fechas de aplicación de los nuevos requisitos sobre diligencia debida e información corporativa de sostenibilidad. Las empresas de mayor tamaño tendrán un año más para adaptarse al nuevo reglamento de debida diligencia, mientras que algunas compañías logran una prórroga de dos años para cumplir con la normativa de información tras el acuerdo.
El pasado mes de febrero, la Comisión Europea presentó el paquete de simplificación denominado Omnibus I. Además de la Directiva que aplaza la aplicación de las normas de diligencia debida y de información, aprobada por el Parlamento Europeo, el paquete incluye otra directiva que modifica el contenido y alcance de estos requisitos. El trabajo sobre esta última comenzará ahora en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.
Nuevas normas sobre diligencia debida y sostenibilidad
Las nuevas normas de diligencia debida obligarán a las empresas a mitigar su impacto negativo sobre las personas y el medio ambiente. Los Estados miembros dispondrán de un año adicional, hasta el 26 de julio de 2027, para incorporarlas a sus legislaciones nacionales.
La prórroga de un año también se aplicará al primer grupo de empresas afectadas, que incluye aquellas pertenecientes a la UE con más de 5.000 empleados y una facturación superior a 1.500 millones de euros, así como compañías de fuera de la UE que superen ese umbral dentro del mercado comunitario. Estas solo deberán cumplir con las normas a partir de 2028, misma fecha que regirá para el segundo grupo, compuesto por empresas europeas con más de 3.000 empleados y una facturación superior a 900 millones de euros, además de las extranjeras que alcancen ese nivel de ingresos en Europa.
La aplicación de la directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad también se aplazará dos años para el segundo y tercer grupo de empresas que estarán sujetas a la normativa. Las grandes compañías con más de 250 empleados deberán presentar por primera vez sus informes sobre impacto social y ambiental en 2028, correspondientes al ejercicio anterior, mientras que las pequeñas y medianas empresas cotizadas dispondrán de un año más y comenzarán a reportar en 2029.
Para acelerar la adopción de estas medidas, el Parlamento Europeo ha acordado tramitar el expediente mediante el procedimiento de urgencia. Para su entrada en vigor, el proyecto de ley necesita ahora la aprobación formal del Consejo Europeo, que ya respaldó el mismo texto el 26 de marzo de 2025.